Melella pidió debate serio sobre financiamiento

El gobernador Gustavo Melella formuló una defensa pública y detallada del proyecto de Ley de Financiamiento Integral Educativo remitido a la Legislatura provincial y pidió a los bloques opositores que lo examinen con seriedad. En su réplica a las críticas, negó de manera categórica que la iniciativa implique un aumento generalizado de tributos y rechazó la etiqueta de "impuestazo". Señaló que la propuesta persigue la generación de mayores recursos para atender obligaciones salariales y el funcionamiento de servicios esenciales, subrayando que muchas cuestiones requieren financiamiento específico y ordenamiento del gasto.

Melella destacó que la iniciativa incorpora medidas de emergencia y revisión de beneficios fiscales vigentes, con alcance limitado y orientado a garantizar equidad tributaria entre distintos actores económicos. Explicó que el Ejecutivo propone revisar regímenes que eximen a determinadas empresas de tributos provinciales, y citó expresamente el esquema por el cual Camuzzi no tributa Ingresos Brutos, contraponiéndolo a la situación de comercios, pymes y trabajadores independientes que afrontan dicho impuesto. La propuesta, dijo, busca que el tratamiento de beneficios esté sujeto a criterios de justicia contributiva y sostenibilidad fiscal.

El mandatario provincial cuestionó además la falta de reclamos por parte de algunos sectores opositores frente a aumentos de precios y cambios en políticas de servicios que impactan en la provincia. Mencionó incrementos en combustibles y la eliminación o modificación de regímenes de subsidios, como la Zona Fría y subsidios al transporte y al gas, que afectan a los costos regionales.

En ese marco, instó a que la discusión parlamentaria contemple el contexto de política nacional y sus efectos locales, y que la oposición explique su postura respecto de esas medidas que también inciden sobre la capacidad de gasto provincial. Otro eje puesto en relieve por Melella fue la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores estatales, con especial referencia a docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad.

Afirmó que la ley debe ser una herramienta para garantizar la posibilidad de otorgar salarios adecuados y sostuvo que la discusión debe orientarse a cómo se distribuyen los recursos en la provincia. En ese sentido, reclamó que la Legislatura examine el esquema de reparto para asegurar que los fondos públicos permitan sostener las remuneraciones y la prestación de servicios públicos esenciales. El gobernador también planteó objeciones sobre el manejo presupuestario y la capacidad de algunas instituciones para autorregular sus aumentos salariales sin generar recursos propios.

Recordó que existen organismos que conceden incrementos que luego deben ser financiados por el Ejecutivo provincial, lo que, a su juicio, exige una revisión del ordenamiento financiero y normativo. Por ello, expresó que la ley prevista pretende contribuir a ordenar el gasto público y a implementar mecanismos de control y transparencia sobre los recursos y la asignación de beneficios impositivos.

En su pedido final, Melella instó a que el proyecto sea debatido con responsabilidad y rigor parlamentario, reiterando su rechazo a la caracterización de "impuestazo" y defendiendo la legitimidad de buscar recursos adicionales mediante medidas puntuales y revisiones de regímenes. Subrayó que el conflicto salarial docente es una problemática histórica que atraviesa gestiones sucesivas y que la iniciativa pretende ofrecer herramientas para enfrentar esa realidad.

Conminó a la oposición a dar el debate en la Legislatura y a que, cuando corresponda, se promueva un consenso orientado a fortalecer la capacidad financiera de la provincia para sostener salarios y servicios públicos.