Fortalecimiento de formación laboral penitenciaria
El Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad Nacional acordaron un trabajo conjunto para robustecer el Patronato de Liberados, que incluye seguimiento, capacitación laboral, asistencia social y apoyo a la reinserción familiar, con alcance a beneficiarios de diversas modalidades de libertad supervisada.

El acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Seguridad Nacional establece un marco intensificado de articulación institucional para potenciar las herramientas de formación laboral vinculadas al Patronato de Liberados. Esta línea de trabajo prioriza la sistematización del acompañamiento de personas condenadas, liberadas condicionalmente, sujetas a libertad asistida o probation, y quienes hayan cumplido la totalidad de sus penas privativas. Las medidas previstas buscan consolidar un circuito que conecte acciones de seguimiento judicial con instancias de capacitación formal e informal orientadas a la inserción laboral y social.
Dentro de los objetivos explícitos del convenio figura la promoción efectiva de la inclusión social mediante el acceso a derechos y la generación de oportunidades concretas para la integración comunitaria. Para ello se plantean instrumentos de supervisión de pautas de conducta establecidas por la autoridad judicial y un seguimiento específico de regímenes como los arrestos domiciliarios. Estas actividades administrativas y técnicas se complementarán con programas de formación en oficios que se desarrollarán en espacios municipales, provinciales y con apoyo de redes locales de empleo, con la finalidad de articular demanda laboral y formación acreditable.

Las acciones de capacitación abarcan tanto talleres de formación en oficios tradicionales como propuestas orientadas a la economía social, el trabajo asociado y la autonomía productiva. Se prevé la generación de cronogramas de capacitación con módulos teórico-prácticos, la certificación de competencias adquiridas y la articulación con dispositivos de empleo y bolsones de trabajo locales. Asimismo, se contempla el acompañamiento a emprendimientos productivos, tanto individuales como asociativos, que permitan a las personas con antecedentes generar ingresos formales y sostener procesos de reinserción sostenida en el tiempo.
El convenio incluye una apuesta concreta por el fortalecimiento de cooperativas de trabajo integradas por personas con antecedentes penales, como alternativa de empleo protegido y de acceso a circuitos de comercialización. Para ello se promoverán mecanismos de asistencia técnica, acceso a microcréditos u otras herramientas financieras públicas y capacitación específica en gestión cooperativa. Estas medidas buscan no solo la provisión de puestos de trabajo sino también la consolidación de capacidades organizativas que favorezcan la autonomía económica y la sostenibilidad de emprendimientos colectivos.
Paralelamente al componente laboral, el acuerdo prevé un conjunto de acciones de asistencia social destinadas a mitigar situaciones de vulnerabilidad y facilitar el acceso a derechos básicos, tales como salud, vivienda y documentación. El diseño operacional contempla la intervención coordinada de equipos sociales para evaluar necesidades individuales y familiares, derivar a prestaciones pertinentes y acompañar procesos de revinculación familiar. Estas intervenciones sociales se orientan a reducir factores de riesgo que obstaculizan la reinserción y a promover redes de contención comunitaria complementarias a las oportunidades laborales.
La firma del convenio contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas el ministro jefe de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals; la representante nacional de Reinserción Social, doctora Felicitas Beccar Varela; la directora general del Patronato de Liberados, Miryam Martínez; y el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela.
El acuerdo prevé además la utilización de canales institucionales y comunitarios para la difusión de los programas, el seguimiento periódicamente evaluado de metas y resultados, y la generación de informes técnicos que permitan ajustar las acciones conforme a indicadores de inclusión, empleo efectivo y revinculación familiar.
