Comienza juicio por privación ilegítima de libertad
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte inició el debate oral contra un hombre de 30 años por privación ilegítima de la libertad agravada, con testimonios, peritajes y la participación de las partes; la audiencia continuará mañana a las 9.30.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dio inicio este martes al debate oral y público contra un hombre de 30 años, imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. El proceso se desarrolla en la sede judicial de Río Grande y se encuadra en la causa por hechos denunciados en 2021, cuando la víctima habría sido obligada a permanecer dentro de un vehículo contra su voluntad hasta que la intervención policial posibilitó su liberación.
La apertura de la audiencia incluyó la lectura de cargos, la identificación de las partes y la comunicación formal del procedimiento a las personas intervinientes. Durante la primera jornada, el acusado decidió ejercer su derecho a no declarar ante el Tribunal, decisión que fue registrada al inicio del debate. A continuación, la víctima prestó su testimonio en la sala y respondió a las preguntas formuladas por las partes procesales, aportando su versión sobre los hechos que motivaron la causa.

Además de la declaración de la denunciante, se incorporaron al debate las pruebas ya reunidas en la instrucción, incluyendo informes y constancias vinculadas a la intervención policial que permitió la liberación y las medidas de protección adoptadas en ese momento. El Tribunal, presidido por el juez Eduardo López e integrado por las vocalías de Verónica Marchisio y Natalia Buitrago, condujo la jornada procesal con la asistencia de la secretaria María Eliana Nocioni.
En el marco de la recepción de pruebas, también prestaron testimonio las peritas designadas en la causa: las licenciadas Tatiana Mainero y Claudia Muñoz de Toro, quienes realizaron aportes técnicos en relación con aspectos relevantes para la valoración de los hechos. Sus declaraciones, según se indicó en la audiencia, formarán parte del acervo probatorio que será valorado por el Tribunal al momento de dictar sentencia.

La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, Mónica Macri, quien condujo la acusación y la presentación de la teoría del caso ante los magistrados. Por su parte, la defensa particular del imputado fue ejercida por los letrados Federico Buzzerio y José Luis Álvarez, quienes formularon planteos procesales y ejercieron el contrainterrogatorio de los testigos y peritos.
Las partes solicitaron la práctica de pruebas y la citación de testigos complementarios, pedido que será resuelto por el Tribunal conforme al plan de audiencias y al calendario de producción de prueba. El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 9.30 del miércoles siguiente, fecha en la que se reanudará la recepción de testimonios y la incorporación de documentación pericial pendiente.

El cronograma fijado por la instancia de juicio contempla la continuidad de la instrucción probatoria en audiencias públicas, con la participación de las víctimas, testigos, peritos y las partes procesales, garantizando la transparencia del procedimiento. Se indicó que la continuidad del debate permitirá profundizar aspectos vinculados a la dinámica de los hechos, las circunstancias de la detención y la actuación policial que intervino en la liberación de la víctima.
El debate busca determinar la veracidad de la acusación por privación ilegítima de la libertad agravada y evaluar, con la prueba aportada, la eventual responsabilidad penal del imputado. El alcance del juicio incluye la evaluación de testimonios, informes periciales y documentación que obra en la causa, con especial atención a los elementos que puedan configurar la agravante denunciada. Los objetivos del proceso son esclarecer la verdad de los hechos, garantizar los derechos de las partes involucradas y fundamentar una decisión judicial ajustada al marco legal aplicable.
El Tribunal continuará con la recepción de pruebas y la práctica de actos procesales conforme al orden fijado para las próximas audiencias.

