Suspenden actos de proyecto León Marino

El intendente de Río Grande valoró la cautelar dictada por la Justicia Federal que suspende los actos materiales vinculados al proyecto petrolero León Marino y destacó la intervención del Municipio como parte interesada, subrayando la protección de Malvinas, el ambiente y los recursos naturales como motivo de la presentación.

Suspenden actos de proyecto León Marino
Imagen: Municipalidad RGA.

El intendente de Río Grande destacó la decisión de la Justicia Federal que suspendió los actos materiales del proyecto petrolero León Marino y reivindicó la participación del Municipio en la causa. A través de sus redes sociales valoró la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y remarcó que el Municipio se presentó como parte interesada en la demanda promovida por excombatientes y ambientalistas.

Señaló que la resolución reafirma que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina están sujetas a las leyes nacionales y a la intervención de las autoridades argentinas, argumento central para la actuación municipal. El intendente consideró que la defensa de Malvinas no puede limitarse a reclamos diplomáticos o a la memoria histórica, sino que debe incluir la protección de recursos y del ambiente frente a intentos de explotación.

Recordó que la medida cautelar se dictó luego de que el Juzgado Federal de Río Grande aceptara intervenir en la demanda contra Rockhopper y Navitas por el proyecto León Marino, y que la jueza Borruto se declaró competente antes de disponer la suspensión de actos materiales del emprendimiento mientras avanza el proceso judicial. Destacó que esa suspensión no resuelve el fondo de la causa pero garantiza la suspensión de la ejecución.

En su mensaje, el intendente subrayó el papel de organizaciones que impulsaron la acción judicial y el vínculo entre la intervención municipal y la protección de intereses estratégicos. Mencionó el trabajo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas como promotores de la demanda, y reiteró que el Municipio acompañó la presentación por considerarla coherente con la defensa de la soberanía y la tutela ambiental.

Remarcó además que la intervención municipal responde a la necesidad de aplicar la legislación argentina a actividades en la plataforma continental. El proyecto León Marino, promovido por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, tiene por objeto desarrollar un yacimiento en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, y la causa judicial plantea cuestionamientos tanto sobre la explotación de hidrocarburos como sobre los posibles impactos ambientales y la aplicación del derecho argentino.

La resolución cautelar frena actos materiales de ejecución mientras la Justicia analiza los planteos formulados, por lo que la medida constituye un freno preventivo sin resolución definitiva sobre el fondo del litigio. El intendente señaló que esta etapa procesal resulta clave para evaluar las implicancias ambientales y jurídicas de cualquier emprendimiento en la zona.

El Municipio explicó que su actuación responde a la cercanía geográfica de Río Grande con las Islas y al vínculo histórico de la ciudad con la causa Malvinas, elementos que justifican su intervención cuando están en juego recursos naturales y la protección del ambiente del Atlántico Sur. El intendente sostuvo que defender la soberanía implica también intervenir en instancias judiciales y administrativas cuando se consideran vulnerados intereses relacionados con los recursos y el ambiente. En ese marco, sostuvo que la presentación municipal busca representar esa preocupación local dentro del proceso judicial abierto.

Finalmente, el intendente afirmó que el compromiso del Municipio continuará a lo largo del desarrollo del proceso judicial y que ejercerá su responsabilidad en cada ámbito en que sea necesario defender derechos e intereses vinculados a Malvinas, el ambiente y los recursos naturales. Reiteró que la resolución judicial fue valorada por el Municipio pero que la medida cautelar no reemplaza la resolución de fondo, por lo que la actuación pública y las acciones judiciales seguirán hasta que la Justicia precise los alcances definitivos sobre la legalidad del proyecto y sus eventuales impactos.