Río Grande admitido en causa contra petroleras

La jueza federal Mariel Borruto admitió formalmente al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa iniciada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero conocido como León Marino en el Atlántico Sur. La decisión judicial, difundida por el intendente Martín Perez a través de sus redes sociales, permite al Municipio intervenir en el proceso con las atribuciones que le otorga la normativa vigente, aportando documentación, planteos técnicos y alegatos orientados a preservar los intereses locales frente a potenciales afectaciones ambientales y marítimas.

La presentación que motivó la admisión fue remitida por la Asesoría Letrada del Municipio, que solicitó la intervención para garantizar la defensa de los recursos naturales y del ambiente conforme a la Carta Orgánica Municipal. En ese marco, la actuación municipal busca traducir en el expediente las responsabilidades públicas en materia ambiental, en especial aquellas vinculadas a la protección de ecosistemas marinos y costeros. La inclusión formal permite al Municipio presentar informes periciales, solicitar medidas precautorias y participar en audiencias o diligencias que se dispongan en el proceso.

El expediente se originó como una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, impulsada también por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La causa plantea la necesidad de evaluar y prevenir posibles impactos derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur, atendiendo a la normativa ambiental argentina y a las disposiciones referidas a la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.

La intervención municipal se orienta a que dichas normas se apliquen plena y correctamente en cualquier autorización o desarrollo del proyecto. Entre los aspectos que justifican la actuación del Municipio figura la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica y su atribución para la defensa del ambiente y de los recursos naturales declarada en su Carta Orgánica. La participación tiene por objetivo resguardar la integridad de los espacios marítimos que podrían verse afectados, así como la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región.

Con su incorporación al proceso, el Municipio pretende aportar evidencia y criterios que permitan dimensionar de manera adecuada los riesgos y las responsabilidades asociadas a eventuales actividades de exploración y explotación hidrocarburífera. La admisión del Municipio se enmarca además en las acciones institucionales que Río Grande viene desarrollando en defensa de los recursos naturales de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y en apoyo a los reclamos vinculados con la soberanía argentina.

La intervención permitirá a la ciudad coordinar su actuación con otras instituciones que ya participan en la causa, planteando propuestas de tutela ambiental, medidas de prevención y protocolos de gestión ante contingencias. A través de los canales administrativos y judiciales correspondientes, el Municipio podrá requerir informes técnicos, solicitar inspecciones y presentar observaciones sobre estudios de impacto ambiental que eventualmente se presenten.

La decisión de la magistrada constituye un paso relevante en la participación institucional de Río Grande en los ámbitos judiciales relacionados con la protección ambiental y la defensa de intereses soberanos en el Atlántico Sur. Con la aceptación como parte interesada, el Municipio reafirma su compromiso por la conservación de los recursos de las Islas Malvinas y por sostener al Atlántico Sur como zona de paz, manteniendo la continuidad de reclamos y actuaciones institucionales ante cualquier iniciativa que pueda afectar la zona.

La ciudad dispondrá de los cauces procesales para intervenir, requerir medidas y aportar su perspectiva técnica y jurídica en la tramitación del expediente.