Legislatura sanciona leyes y designaciones

La 4ª sesión ordinaria del Parlamento fue presidida por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ) y contó con la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza en ejercicio del Poder Ejecutivo. Durante el encuentro se sancionaron varias leyes y se aprobaron resoluciones y declaraciones de interés que reconocen labores de distintos sectores de la comunidad. Asimismo, la Cámara dictaminó pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo, manifestando el control parlamentario sobre asuntos de gestión pública.

Entre las normas sancionadas figura la que establece el 8 de noviembre como el "Día de las bibliotecas fueguinas" y la que instituye el 12 de septiembre como el "Día del espíritu antártico", junto con la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 26.852 sobre el "Día de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro". Estas disposiciones buscan reconocer y visibilizar dimensiones culturales e identitarias de la provincia. Las iniciativas aprobadas responden a propuestas legislativas presentadas y debatidas en el seno del cuerpo parlamentario.

En materia educativa, las y los legisladores giraron a las comisiones de Educación (N° 4) y de Economía (N° 2) el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, asunto N° 519/26, remitido por el Poder Ejecutivo. Tras un extenso debate, se acordó mantener el trámite de urgencia estipulado por la administración central, de modo que la iniciativa continuará su tratamiento prioritario en las comisiones correspondientes. Este procedimiento implica que la propuesta avance con prioridad en el calendario legislativo.

Durante el espacio destinado a homenajes, el legislador Federico Scirano (FORJA) expresó su pesar por el fallecimiento del veterano de Malvinas Daniel Fagundez; en su memoria el cuerpo y el público presente guardaron un minuto de silencio. Además, se aprobó el asunto N° 413/26, impulsado por el bloque FORJA, que reconoce y agradece a la selección argentina de fútbol por su gesto de reafirmar la soberanía sobre las islas Malvinas. Estas manifestaciones formar parte de las expresiones de reconocimiento y recuerdo que se suscitan en la primera parte de la sesión.

En cuanto a solicitudes de control y transparencia, el bloque Provincia Grande, a través del legislador Matías Lapadua, presentó el asunto N° 435/26 reclamando información sobre la intervención dispuesta en el Puerto de Ushuaia. De forma paralela, la legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) solicitó, mediante el asunto N° 567/26, precisiones sobre la fiscalización y el cumplimiento de la normativa ambiental en la terminal marítima durante el período de intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Asimismo, el bloque La Libertad Avanza requirió el listado detallado de establecimientos educativos con deficiencias edilicias, mediante el asunto N° 415/26. Por iniciativa del bloque del Partido Justicialista se elevó, a través del asunto N° 544/26, un pedido de precisiones respecto del ingreso, la permanencia, el tránsito o el desarrollo de actividades operativas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el territorio provincial.

En el mismo marco de designaciones, la Legislatura ratificó a la tesorera general de la provincia, contadora Romina Rouco, y al subcontador general Ignacio Roldán, nombrados por el Poder Ejecutivo conforme a las leyes provinciales N° 104 y N° 495. Además, se aprobaron las designaciones para la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (asunto N° 481/26), con las profesionales que asumirán a partir del 1 de enero de 2027.

Para el cargo de defensora con asiento en Ushuaia, Sabrina Marcucci obtuvo diez votos, mientras que Verónica Facio fue designada para la Defensoría en Río Grande y Abigail Astrada para Tolhuin. Estas designaciones fueron elevadas por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Provincial N° 1466, que remitió las actuaciones proponiendo a las integrantes.

Finalmente, en el cierre de la sesión la Legislatura sancionó la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria, que establece un marco para garantizar una asistencia médica segura, centrada en pacientes y orientada a prevenir diagnósticos erróneos y eventos adversos.