Juicio por abuso sexual inicia en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur abre un proceso oral y no público por presunto abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado contra un hombre de 39 años, por hechos que se habrían producido en 2019 en el ámbito familiar y el domicilio del imputado.

Juicio por abuso sexual inicia en Ushuaia
Imagen: STJ.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio el lunes 7 de septiembre a las 9.30 al juicio oral y no público contra un hombre de 39 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado en perjuicio de una menor. El proceso se desarrollará bajo las formalidades previstas por la ley, con la presentación, análisis y valoración de las pruebas admitidas, y la práctica de los testimonios previstos en la causa.

La celebración del juicio en sede oral implica la exposición pública de las pruebas ante el Tribunal, aunque en este caso el carácter no público obedece a la protección de la identidad y la intimidad de la víctima, conforme a lo establecido para asuntos que involucran a menores. La acusación señala que los hechos habrían ocurrido durante 2019 y que se produjeron en el ámbito familiar, dentro del domicilio del imputado.

Se indica además que el acusado mantenía un vínculo de filiación con la víctima, lo que, de acreditarse, constituye un elemento relevante en la calificación penal por agravar la conducta. La imputación abarca distintos episodios de índole sexual que habrían sucedido cuando la víctima era menor de edad, circunstancia que orienta la calificación legal y las medidas de protección aplicables durante el desarrollo del proceso. El relato de la acusación y la documentalidad aportada serán materia de análisis en el debate oral.

Durante la audiencia se evaluarán las pruebas admitidas, que pueden incluir testimonios, peritajes, informes y otros elementos probatorios incorporados en instrucción. El Tribunal examinará la verosimilitud y la consistencia de las pruebas, ponderando su valor probatorio conforme a las normas procesales vigentes. Asimismo, las partes podrán proponer la práctica de diligencias complementarias que el Tribunal estime pertinentes para la obtención de elementos decisivos. La prueba testimonial, en especial la declaración de la víctima y de eventuales testigos, tendrá un papel central en la valoración del conjunto probatorio durante el juicio.

Una vez concluido el debate oral, corresponderá al Tribunal determinar si los hechos denunciados fueron acreditados conforme al estándar de prueba aplicable y, en caso afirmativo, establecer la eventual responsabilidad penal del acusado. La decisión deberá fundarse en la valoración conjunta de las pruebas rendidas en el juicio y en la aplicación de la norma penal que resulte pertinente a los hechos.

En su sentencia, el Tribunal evaluará la existencia de agravantes y atenuantes que puedan incidir en la determinación de la pena, y convocará a las partes a conocer los fundamentos y pronunciamientos sobre la responsabilidad penal. El Tribunal estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, quienes presidirán el debate y asumirán la responsabilidad de conducir la práctica probatoria conforme a las reglas procesales.

La integración del Tribunal y la asignación del juzgamiento aseguran la continuidad del trámite y la competencia del órgano encargado de resolver la controversia penal. Durante el desarrollo del proceso, las audiencias y decisiones internas se ajustarán a las garantías previstas por el ordenamiento jurídico para salvaguardar el debido proceso y la protección de las partes involucradas. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscal María Paula Schapochnik, mientras que la Defensa Pública estará a cargo del Defensor Oficial José María Fernández López.

Corresponderá a la Fiscalía sostener la acusación y aportar los elementos probatorios que entienda necesarios para acreditar la ocurrencia de los hechos imputados, y a la defensa ejercer las acciones tendientes a controvertir la versión fiscal y preservar los derechos del imputado. Asimismo, durante el juicio se podrán tramitar medidas de protección a favor de la víctima y utilizar canales institucionales previstos para la asistencia y resguardo de menores según corresponda en el marco del proceso penal.

Fuente: STJ