FAM acompaña reclamo por petróleo en Malvinas
La Federación Argentina de Municipios respaldó la presentación judicial del Municipio de Río Grande contra la explotación ilegal de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas. Intendentes de diversas jurisdicciones expresaron apoyo institucional a la acción legal y subrayaron la defensa del patrimonio ambiental y la soberanía nacional.
En la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, el intendente Pérez explicó las razones y alcances del acompañamiento judicial que presentó el Municipio de Río Grande ante la Justicia Federal. El apoyo formal de la FAM responde a la necesidad de articular una postura municipal común frente a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas y a la intención de darle mayor fuerza institucional a la demanda colectiva.
El acto de presentación ante la Justicia busca frenar actuaciones que, desde la visión del Municipio, afectan recursos estratégicos y el patrimonio ambiental del Estado nacional. Los intendentes presentes coincidieron en que la intervención judicial no es una cuestión aislada de Río Grande, sino una acción con destinatarios y efectos de alcance federal.
El respaldo de más de un centenar de municipios constituye un canal de representación política hacia los órganos judiciales y administrativos competentes, y persigue la protección de bienes comunes, la preservación de ecosistemas y la garantía de que la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur se desarrollen conforme a la normativa nacional vigente. La FAM, por su carácter institucional, legitima la presencia municipal en este tipo de causas de interés público.
Pérez señaló que el posicionamiento del Municipio se enmarca en una trayectoria sostenida de defensa de la soberanía y de la Causa Malvinas, y destacó que la decisión de presentarse ante los tribunales es una manifestación concreta de esa política. Según el intendente, Río Grande asume la responsabilidad de representar voces locales en instancias nacionales y judiciales, con la finalidad de asegurar que los recursos naturales no sean objeto de decisiones que pongan en riesgo la integridad territorial o el patrimonio común.
Sus palabras subrayaron la dimensión estratégica de los recursos del Atlántico Sur y la necesidad de salvaguardarlos. El comunicado de la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la FAM expresó preocupación por medidas que, a su juicio, podrían facilitar la extranjerización de la tierra y debilitar la soberanía. La declaración vinculó la defensa de Malvinas con la protección de cada rincón del territorio nacional y consideró que las acciones municipales y judiciales son herramientas legítimas para garantizar esos objetivos.
La FAM definió como destinatarios de su pronunciamiento tanto a las autoridades nacionales responsables de políticas públicas como a los operadores judiciales y a la sociedad en su conjunto, buscando ampliar la discusión pública sobre el tema. En relación con la litigación en curso, Pérez valoró la intervención de la Justicia Federal de Río Grande y recordó que la presentación municipal persigue preservar el presente y el futuro vinculados a ambiente, recursos naturales y soberanía.
La demanda colectiva pretende que se evalúen los actos administrativos y empresariales que habilitan la actividad hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas con estricto apego a la legislación nacional, a estudios de impacto ambiental y a los principios de protección del patrimonio público. Los canales utilizados incluyen la vía judicial federal, la difusión institucional desde la FAM y el intercambio entre municipios para sostener la estrategia común.
Además del rechazo al fallo de la Corte Suprema referido al artículo 154 del DNU 70/2023, la FAM y el Municipio plantearon que la defensa de la soberanía requiere la ejecución de medidas concretas de control y prevención. El respaldo municipal a la demanda busca también generar precedentes institucionales que fortalezcan la capacidad de los municipios para intervenir en cuestiones vinculadas a intereses estratégicos nacionales.
La FAM, creada por ley nacional en 1997 y compuesta por más de quinientos municipios, entiende que su acción orientada a la representación ante autoridades nacionales y provinciales y a la defensa de la autonomía municipal es un canal legítimo para proteger recursos y garantizar el interés público.