Jornada de coordinación entre salud y justicia
La actividad, realizada en la Escuela Judicial y organizada conjuntamente por la Dirección Pericial y el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, reunió a profesionales para clarificar procedimientos, responsabilidades y coordinación interinstitucional ante fallecimientos, buscando mayor seguridad jurídica y operativa en intervenciones.
La jornada se desarrolló en la Escuela Judicial y fue organizada de manera conjunta por la Dirección Pericial y el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, con el objetivo de consolidar prácticas y criterios entre los distintos actores que intervienen ante un fallecimiento. La convocatoria focalizó en profesionales de la salud, miembros de la Policía y operadores judiciales que desempeñan funciones directas en constataciones, certificaciones y actuaciones periciales.
Se buscó generar un ámbito institucional de formación y diálogo técnico que permitiera homogeneizar respuestas y procedimientos aplicables en el territorio del Distrito Judicial Sur. Las exposiciones estuvieron a cargo de referentes institucionales con responsabilidad directa en la materia: el Médico Forense de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Sur, Dr. Eric Manrique Trujillo; el Juez de Instrucción N° 1, Dr. Sergio Pepe; y el Secretario de Primera Instancia de ese Juzgado, Dr. Daniel Yakke Araque Santilli. Cada orador aportó desde su competencia: aspectos médicos forenses, criterios de actuación judicial y consideraciones procedimentales administrativas.
La presencia de estos tres funcionarios permitió abordar los temas desde perspectivas complementarias y ofrecer orientaciones concretas sobre las acciones que deben desplegarse ante distintos escenarios de fallecimiento. Durante el encuentro se explicaron, con detalle, las diferencias técnicas y funcionales entre la constatación de un fallecimiento por parte de un profesional de la salud y la confección formal del certificado de defunción como documento médico-legal.
Se abordaron los pasos específicos que los profesionales sanitarios deben seguir cuando las circunstancias requieren intervención judicial, incluyendo la notificación al Juzgado competente, la preservación de la escena y la documentación de observaciones clínicas y hallazgos útiles para la investigación. El objetivo fue ofrecer pautas claras para evitar dilaciones y garantizar que cada actuación cumple con los requisitos legales y profesionales. Otro eje del conversatorio fue el análisis del protocolo interministerial que establece pautas de actuación y coordinación entre profesionales de la salud, la Policía y la Justicia ante un fallecimiento.
Se repasaron los alcances del protocolo, los criterios para la concurrencia de equipos, y las responsabilidades institucionales en la toma de decisiones iniciales. En este marco, los expositores explicaron la intervención de la División Policía Científica y las herramientas técnicas previstas para respaldar la actuación de los profesionales, así como los mecanismos de comunicación entre las áreas para el intercambio de información pericial y administrativa.
Desde la óptica del derecho penal, los expositores detallaron el procedimiento previsto en el artículo 238 del Código Procesal Penal provincial para la realización de autopsias judiciales en casos de muertes violentas, dudosas o sin certificación médica. Se consignaron los criterios que motivan la orden de autopsia, la competencia judicial para disponerla y las garantías procesales que deben observarse durante la práctica pericial.
Asimismo, se enfatizó que el profesional de la salud que actúa conforme a las reglas de la profesión y al protocolo vigente cuenta con respaldo legal por su actuación de buena fe, y que la finalidad de la investigación penal es determinar la posible existencia de un delito, no perseguir la actuación médica cuando se ajusta a procedimiento.
Uno de los objetivos centrales de la jornada fue fortalecer la coordinación entre el sistema de salud y el Poder Judicial, aclarar responsabilidades y brindar mayor seguridad legal y operativa a los profesionales que deben intervenir ante un fallecimiento. En el cierre se habilitó un conversatorio que permitió el intercambio de experiencias y planteo de situaciones habituales de la práctica profesional, donde los asistentes formularon consultas concretas sobre procedimientos, roles y responsabilidad legal.
La actividad contribuyó a consolidar criterios comunes, optimizar canales de comunicación entre las instituciones y facilitar una actuación clara, segura y coordinada por parte de los actores involucrados.