Dimensión de la ocupación y defensa soberana

El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales de Tierra del Fuego AIAS, Andrés Dachary, evaluó el reciente posicionamiento expresado por el presidente Javier Milei en la cadena nacional y reafirmó que la defensa de la soberanía exige traducción en acciones concretas frente a la ocupación británica. Dachary señaló que la conciencia general sobre las Islas Malvinas existe, pero que no alcanza a dimensionar la totalidad del fenómeno territorial y práctico que supone una provincia invadida, lo cual obliga a diseñar estrategias públicas claras y continuas para afrontar la problemática.

En su análisis, el funcionario puso el foco en la dimensión territorial y material de la ocupación, insistiendo en que la caracterización de «provincia invadida» debe comprenderse no solo en términos simbólicos sino también en impactos concretos sobre recursos y población.

Dachary comentó que, cuando dialoga con medios de otras latitudes, advierte una falta de comprensión sobre el alcance real de la ocupación, y sostuvo que ese déficit de percepción influye en la capacidad del Estado para movilizar políticas de largo plazo, coordinar entre jurisdicciones y sostener campañas informativas que orienten a destinatarios internos y externos sobre el reclamo argentino. Referido a los aspectos económicos, el secretario detalló la magnitud de los activos asociados a la pesca cuya explotación bajo control británico priva a la Argentina de ingresos significativos.

Dachary describió la existencia de miles de millones de dólares en pérdidas vinculadas a actividades extractivas y subrayó el riesgo de que la continuación de esas explotaciones, sumada al interés sobre hidrocarburos, consolide estructuras económicas que dificulten la recuperación de derechos. Este enfoque hacia hechos y cifras ilustra el objetivo de salvaguardar recursos estratégicos mediante medidas que afecten la logística y la operatividad de quienes sostienen la ocupación. En relación con la exploración y explotación hidrocarburífera, el secretario advirtió sobre volúmenes de extracción y potenciales cuencas que revelan un gran valor económico.

Dachary indicó que el ritmo de explotación observado oscila entre 55 mil y 180 mil barriles, y que la zona constituye una de las cuatro cuencas con potencial reconocido, por lo que la eventual intensificación de la actividad podría erosionar las posibilidades de retomar negociaciones soberanas. Esa consideración vincula los hechos técnicos de la explotación con los objetivos políticos, alertando que el avance de actividades económicas puede devenir en un obstáculo práctico para la reapertura de diálogo.

El funcionario explicitó además el alcance jurídico y normativo de las medidas que impulsa la Provincia para responder a esa dinámica. Dachary confirmó que se trabaja en un nuevo marco normativo destinado a impedir operaciones que favorezcan la continuidad de la presencia británica en el Atlántico Sur, y precisó que la iniciativa incluye la previsión de sanciones para desalentar la actuación de empresas que faciliten logística, abastecimiento o transporte desde puertos de la región.

Estas medidas, según señaló, buscan generar efectos disuasorios y cerrar canales que hoy permiten el sostenimiento de actividades económicas que fortalecen la ocupación. Finalmente, Dachary vinculó esas iniciativas con los marcos internacionales y constitucionales que sustentan la demanda argentina, recordando la Resolución 2065 de la ONU y la cláusula transitoria primera de la Constitución como fundamentos del pedido de reapertura de negociaciones.

El secretario afirmó que, sin acciones concretas que frenen la explotación y la logística que la posibilita, la concreción de esos objetivos diplomáticos se alejará, por lo que planteó la necesidad de articular políticas públicas, regulación provincial y canales de comunicación hacia la ciudadanía y actores internacionales para consolidar una política de Estado sostenida en el tiempo.