Concejo reclama evitar subas en tarifas
El Concejo Deliberante, mediante un proyecto de comunicación aprobado por los concejales Guadalupe Zamora y Matías Löffler, solicita al Gobierno nacional y al ENReGE medidas que garanticen que la modificación del Régimen de Zona Fría no implique aumentos en la factura final de gas para fueguinos.
En la sesión del 29 de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación presentado por los concejales Guadalupe Zamora y Matías Löffler (Bloque MOPOF) que insta al Poder Ejecutivo Nacional y al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) a adoptar medidas concretas para impedir que la reciente modificación del Régimen de Zona Fría derive en un incremento de la factura final de gas para los usuarios de Tierra del Fuego.
El texto aprobado enfatiza la necesidad de que la continuidad formal de la provincia dentro del régimen implique una efectividad real en la protección económica destinada a los hogares fueguinos, de modo que el beneficio histórico reconocido no quede neutralizado por cambios en la metodología de aplicación o en la estructura tarifaria. El documento remitido por el Concejo plantea puntos específicos que deben ser contemplados por las autoridades nacionales y regulatorias, destacando la implementación de reglamentaciones y bonificaciones que preserven el diferencial tarifario en función de las condiciones climáticas extremas que caracterizan al territorio fueguino.
Se requiere que dichas reglamentaciones aseguren que los criterios de cálculo, los coeficientes de ajuste y las metodologías de segmentación no reduzcan la incidencia del subsidio o beneficio aplicado a la provincia. En este marco, el proyecto solicita además mecanismos claros para evitar que aumentos en cargos asociados al transporte, la distribución o componentes fijos de la tarifa terminen absorbiendo el beneficio otorgado por la Zona Fría. Asimismo, la iniciativa impulsa la adopción de una bonificación adicional específica, en caso de ser necesaria, con el fin de garantizar la protección efectiva de los usuarios residenciales.
Esa bonificación, según lo solicitado, debería estar prevista en la reglamentación operativa del nuevo régimen y aplicarse de forma que su impacto sea visible en la factura final recibida por los hogares. El Concejo exige que todo ajuste o reconfiguración del beneficio incluya mecanismos compensatorios que operen sobre la facturación final y no solo sobre componentes aislados, asegurando de esa manera la preservación del poder adquisitivo y el acceso al servicio esencial de gas para calefacción.
Otro de los pedidos centrales contenidos en la comunicación aprobada es la exigencia de informes públicos previos a la implementación del nuevo régimen, que detallen el impacto estimado en cada componente de la factura. El Concejo solicita transparencia sobre cómo afectarán los cambios propuestos al costo del gas, al transporte, a la distribución y a los cargos fijos, con cálculos pormenorizados que permitan a los usuarios y a las autoridades provinciales conocer anticipadamente las consecuencias económicas.
Esos informes, conforme al texto, deben ser de acceso público y remitidos con antelación suficiente para que los legisladores y organizaciones sociales puedan ejercer seguimiento y observación técnica sobre las medidas proyectadas. El proyecto aprobatorio incluye además una solicitud de consideración especial para sectores vulnerables, entre los que se mencionan jubilados, pensionados, personas con discapacidad y hogares de menores ingresos.
El Concejo plantea que dichas categorías reciban un tratamiento diferenciado y prioritario en las reglamentaciones y bonificaciones, a fin de atender la mayor necesidad de protección en aquellos hogares con menores recursos o con miembros que requieren condiciones térmicas adecuadas por razones de salud. En ese contexto, se pide que la implementación contemple instrumentos de identificación y acceso simplificado para que los beneficiarios puedan percibir la protección sin trabas administrativas que dificulten su aplicación efectiva.
Finalmente, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo Nacional, a la Secretaría de Energía, al ENReGE, al Congreso de la Nación y a las autoridades provinciales para su tratamiento y seguimiento institucional. Con esta iniciativa, el Concejo Deliberante busca asegurar que las familias fueguinas no vean afectado su acceso al servicio esencial de gas natural, imprescindible para la calefacción en un territorio con condiciones climáticas extremas, y reclama que la puesta en práctica del nuevo régimen preserve la finalidad protectora que motivó históricamente la inclusión de la provincia en la Zona Fría.
El texto aprobado exige seguimiento estricto y respuestas formales por parte de los organismos receptores, con el objetivo de evitar que los cambios normativos deriven en un empeoramiento de la situación tarifaria de los usuarios fueguinos.